Dejando evidenciar el lado en el que está, el abogado Luis Arroyo Guevara considera que si los terrenos de Urbi Propiedades son revertidos al Estado, “el Gobierno Regional de Áncash sí tiene el respaldo económico para construir las viviendas”.

“Es un hecho que no cumplirán con realizar el fin de la proyecto de inversión (de vivienda y construcción de locales públicos), porque sólo están construyendo en un área de 200 metros cuadrados, pero eso no es nada comparado con los 95 mil metros cuadrados”, enfatiza.

El abogado recuerda que Bienes Estatales le ha dado un plazo hasta el 20 de diciembre a Urbi para demostrar que cumple con el objetivo de la adjudicación, sino comenzarían sus inspecciones para revertir los terrenos al Estado.

¿Detrás de usted no está el presidente regional?, pregunta Correo. “No, para nada”, responde Arroyo, para luego decir que es abogado de César Álvarez en algunos procesos.

Lo que cabría preguntarse en todo caso es si el Gobierno Regional de Áncash, tiene las competencias, y las funciones para construir viviendas o es acaso que ya tiene el pretexto necesario para izar la bandera en los meses que ya se vislumbran nuevas elecciones.